Hace 40 años que trabajamos para que el Estado cumpla con sus obligaciones, y cada día tenemos que sumar esfuerzo y compromiso para continuar la lucha.

El año pasado recibimos más de 600 consultas en nuestra clínica jurídica gratuita de personas que buscaban ayuda. Un abuelo, por ejemplo, se acercó desesperado y dolorido porque su obra social no le cubría un medicamento necesario para tratar el cáncer que padecía. El equipo de abogados de la clínica consiguió justicia para él y hoy está recibiendo el tratamiento que necesita. Pero este es solamente un caso.

Desde 2016, cada semestre, vemos que se duplica la cantidad de personas que consulta al CELS por problemas de acceso a la salud. Ya sea porque no acceden a tratamientos o medicamentos en los hospitales públicos o porque las obras sociales les ponen obstáculos y les niegan derechos, lo evidente es que las medidas de ajuste están poniendo en riesgo la salud, la integridad y la vida de cada día más personas.

El desempleo, el aumento de los costos vida y la pérdida de capacidad adquisitiva también impactan en los derechos de la clase media, sobre todo en el derecho a la vivienda. En los últimos años la cantidad de familias que necesitan alquilar crece sin pausa, y por eso es que el CELS está involucrado en la defensa de la Ley de Alquileres de la Ciudad de Buenos Aires, porque consideramos que el Estado debe regular a las inmobiliarias para garantizar los derechos de las y los inquilinos.

También acompañamos las demandas de las personas que tomaron créditos UVA y ahora se encuentran en con que los aumentos de las cuotas son imposibles de prever. Dicen que ni vendiendo la casa que se compraron con los créditos lograrían pagar la deuda, ¿te imaginás lo desesperante de esta situación? Un contexto de crisis e inflación donde terminan sobreendeudados y obligados a refinanciar sus créditos.